- 10.02.21
Entrevista en el Periódico de Aragón a María José Gascón – Representante territorial de Oxfam Intermón en Aragón y miembro de la Plataforma Aragonesa por la Justicia Fiscal
Sin justicia fiscal, no hay justicia social…
La desigualdad entre las personas ricas y pobres es extrema a nivel mundial y limita las oportunidades de desarrollo de millones de personas.
España se encuentra entre los países más desiguales de la Unión Europea donde la distancia entre ricos y pobres está aumentando. Aragón no es una excepción.
La Justicia Fiscal tiene un papel crucial en la reducción de las desigualdades sociales y en la consecución de una justicia social, económica, de género y medioambiental.
El sistema tributario es una de las bases esenciales de la redistribución de la riqueza y la disminución de la desigualdad social y territorial.
Los impuestos, en el marco de un sistema tributario justo, equitativo y progresivo, suponen la herramienta necesaria para financiar nuestro estado de bienestar y contribuir a la redistribución de renta y riqueza, así como a la protección del medio ambiente.
Defendemos una justicia social, económica, de género y medioambiental que no podemos lograr sin un reparto equitativo de la riqueza y el poder.
Para poder pagar la recuperación es urgente una reforma fiscal que permita recaudar más de forma justa y progresiva. Para ello, es vital igualar el gravamen del capital con las rentas salariales, asegurar que las grandes empresas pagan lo que deben luchando contra la evasión y elusión fiscal, gravar la riqueza extraordinaria y condicionar la ayudas a empresas a buenos comportamientos fiscales.
También se debe mejorar urgentemente la implementación del Ingreso Mínimo Vital, ampliando cobertura para reducir la pobreza infantil, adecuando requisitos para agilizar que los fondos lleguen a las familias sin ingresos y asegurando que las CCAA usan lo que se ahorran en luchar contra la pobreza.
Debe generarse un empleo digno mejorando el modelo productivo y apoyando a las empresas que garanticen empleo digno. Además, hay que evitar salir de la crisis a costa de precariedad laboral, regulando la temporalidad, parcialidad, subcontratación o falsos autónomos. También es importante proteger a colectivos vulnerables como las empleadas del hogar, garantizándoles derechos claves, como el acceso al desempleo, o la población migrante, con una regularización extraordinaria o la flexibilización de los plazos de arraigo.
Finalmente, los fondos europeos deben invertirse con una mirada de largo plazo transformadora y que genere un empleo digno que contribuya a reducir la desigualdad. Además, debe ponerse un foco en las personas más vulnerables, invirtiendo los fondos verdes en su adaptación al cambio climático y en una transición ecológica justa, también para las zonas rurales; o los fondos digitales en formación para reducir la brecha digital.