- 12.05.21
España pierde 3.700 millones de euros al año en impuestos por el dinero que multinacionales y grandes fortunas desvían a paraísos fiscales. Son datos aportados por Tax Justice Network (TJN), red independiente de investigadores e investigadoras contra la evasión fiscal. 3.700 millones es justo la cantidad que el Gobierno preveía gastar en material sanitario en los próximos dos años, según afirmó el presidente Sánchez el verano pasado. Unos gastos para los que no se contará con el dinero de las élites financieras.
En todo el mundo, el dinero evadido, según los datos de la misma TJN, llega hasta los 360.000 millones, casi 100 veces más. Se trata de una práctica maliciosa que hurta el dinero necesario para sostener las políticas públicas.
“La batalla por la justicia fiscal es la batalla del siglo XXI por garantizar el estado de bienestar”, señalaba el eurodiputado Ernest Urtasun en el encuentro celebrado el pasado 23 de marzo junto a Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón; Javier Gª Bernardo, investigador de TJN, y Lourdes Lucía, de Attac España.
“Entre la población mundial, el 1% más rico no declara el 20% de sus ingresos; y el 0,01% más rico no declara el 50% de sus rentas”, afirmaba Javier Gª Bernardo.
Desviando su dinero a estos paraísos fiscales, las élites económicas logran mantener el anonimato sobre sus fortunas, y evitan tributar por su toda riqueza real. En el caso de las multinacionales, buscan escapar a los impuestos a través de un mecanismo muy concreto: “No tener beneficios en los países en los que operan”, explica Javier Gª Bernardo. Para ello utilizan diversas estrategias de ‘ingeniería fiscal’: una de las más comunes es transferir la propiedad intelectual a una filial de la marca en una guarida fiscal, de manera que la empresa en el propio país deba pagar por su uso, con lo cual nunca tendrá ganancias, sino solo gastos.
Otro de estos métodos ‘piratas’ es mantener la tesorería en la sede del paraíso fiscal y hacer funcionar al resto de filiales con préstamos concedidos por ésta, de manera que tengan deudas que contrarresten cualquier beneficio. O comprar a través de un intermediario, en el que se esconde la propia compañía, radicado en un paraíso fiscal, que es el que recibe ingresos, mientras que el resto se dedica a pagar por esos bienes, sin registrar beneficios contables. Se trata de estrategias muy sencillas de aplicar sobre todo por las grandes tecnológicas, que trabajan con intangibles y pueden centralizar su sede en cualquier ubicación geográfica. Toda una nueva industria que escapa al orden fiscal internacional, nacido tras la segunda guerra mundial, en un mundo con unas coordenadas muy distintas al actual. Sin olvidar que las guaridas fiscales son también el refugio perfecto para el dinero que viene del crimen organizado, de la corrupción…
Métodos ‘alegales’
Lo más terrible es que estos métodos son ‘alegales’, y quienes las realizan ni siquiera pueden ser acusados de fraude. Se trata de prácticas de ‘elusión fiscal’, término con el que se denomina a las acciones dirigidas a minimizar el pago de impuestos, que se aprovechan de lagunas o vacíos legales, las llamadas ‘zonas grises’ de la ley, usando la normativa para fines distintos de los que fue creada.
Otra paradoja sangrante es que estos paraísos no se encuentran solo en lejanas y minúsculas islas del Caribe: dentro de la propia Unión Europea también existen países que pueden calificarse de guaridas para la elusión fiscal. (Incluso en un mismo país se producen situaciones desiguales: un caso evidente es el de Madrid, donde prácticamente no se paga el impuesto de sucesiones ni el de patrimonio. Desde la Plataforma Aragonesa por la Justicia Fiscal también luchamos por la armonización de impuestos en todo el territorio).
En cuanto a las ‘guaridas fiscales’ en Europa, en Luxemburgo hay más empresas que habitantes, aplica un impuesto de sociedades del 5%; y el 90% de las compañías son de propiedad extranjera, mientras que el 20% no ha tenido actividad en los últimos 5 años, y un 80% de los fondos de inversión no dicen quiénes son sus beneficiarios últimos, aunque el trabajo del grupo de periodistas de investigación OpenLux ha logrado identificar a algunos de esos beneficiarios.
Por su parte, Países Bajos llega a acuerdos con empresas y multinacionales individualmente para rebajar el impuesto de sociedades, mientras que Irlanda tiene un tipo nominal que es la mitad que el español. Son Estados que la lista UE sobre paraísos fiscales nunca ha incluido, ya que exigen unanimidad, una unanimidad que estos países siempre bloquean. La vía de la competencia desleal es la única que ha podido intentar la UE, ya que no existe unión fiscal. Pero aún en el caso de aquellos países incluidos en la lista de paraísos fiscales, tampoco es posible imponer sanciones que supongan un verdadero daño.
La solución para acabar con la elusión fiscal “pasa por cambiar el sistema tributario internacional actual, que permite que se compartimente el tratamiento fiscal en cada país, y llegar a un diseño que recoja el detalle de estos beneficios en cada Estado, de manera totalmente transparente” afirma Susana Ruiz.
Y en estos momentos hay abierta una ventana de oportunidad para hacerlo.
Qué se puede hacer ahora
“Dentro de OCDE, la agenda principal es la de la reforma del sistema fiscal internacional, que se tiene que decidir este mes de junio y que incluye: determinar donde tiene que pagar impuestos una multinacional y cómo para evitar tanto el fraude como la competencia fiscal entre países, y fijar un mínimo para el impuesto de sociedades del 25% en todo el mundo”, explicó Ruiz. Tanto ella como Gª Bernardo recordaron los obstáculos con los que cuenta este objetivo de justicia fiscal. Sin embargo, “tras el 11-S se decidió acabar con el secreto bancario, algo que antes parecía imposible, y se hizo. Es decir, si existe voluntad política, todo puede hacerse”, recordó Javier Gª Bernardo, quien añadía otras dos propuestas de TJN: “que el intercambio de información entre países sea automático; y que se cree un registro mercantil de beneficiarios finales, no puede ser que el dueño de una compañía que opera en España sea otra empresa en las Islas Vírgenes Británicas”. El inspector de Hacienda Raúl Burillo, de la Plataforma por la Justicia Fiscal, apuntaba recientemente otra solución que puede tomarse desde España para estos problemas de fiscalidad internacional: derogar el artículo 21 del impuesto de sociedades, el cual permite que los dividendos no tributen.
Más probable parece el proyecto de la Unión Europea para aprobar una Directiva que obligue a publicar informes país por país de las empresas multinacionales con presencia en la UE. Estos informes, conocidos como CbCR (del inglés ‘Country by Country Report’), permitirían conocer los beneficios obtenidos y los impuestos pagados por una multinacional en cada uno de los estados en los que opere. Gracias a esta transparencia en los datos se podrá saber si una empresa ha llevado a un país con menores impuestos sus ganancias en otro país.
La presidencia portuguesa recuperó en enero pasado este proyecto, tanteado ya en 2016, y el eurodiputado Ernest Urtasun afirma que “debemos ser capaces de aprobarlo antes de que acaben los seis meses de presidencia lusa en junio”. El siguiente paso, señala, será “desbloquear la directiva de armonización de bases imponibles del impuesto de sociedades (BEPS)” para que no haya diferencias en lo que se paga en un país y en otro, aunque señaló, el verdadero objetivo es “pelear por armonización normativa europea total en materia de impuestos, que acabe con un mercado comercial único pero con 27 haciendas que compiten entre ellas”.
Ahora es el momento, y, como recuerda Urtasun, “lo que ha movido a la UE han sido las investigaciones periodísticas publicadas y el impulso de las ONGs y la sociedad civil”.
