La desigualdad entre las personas ricas y pobres es extrema a nivel mundial y sigue aumentando.  Esta desigualdad es la causa principal de la pobreza en el mundo, al tiempo que cercena las  oportunidades de desarrollo de millones de personas. España se encuentra entre los países más  desiguales de la UE donde la distancia entre ricos y pobres está aumentando. Aragón no es una  excepción. 

Una de las soluciones que defendemos para combatir la desigualdad es la fiscalidad. Una fiscalidad  justa y progresiva contribuye a redistribuir los recursos y a conformar sociedades más equitativas y  cohesionadas.  

La política fiscal no solo supone una reasignación de recursos (recaudación y gasto) sino que  potencia, reproduce o (des)incentiva determinados hábitos y relaciones sociales. 

La Plataforma Aragonesa por la Justicia Fiscal está formada por diferentes organizaciones,  sindicatos, movimientos sociales, ONGs y otros actores, así como también personas de la sociedad  civil aragonesa a título individual. Su objetivo es llevar a cabo acciones de concienciación  ciudadana e incidencia política en el ámbito de la justicia fiscal, como herramienta para acabar con  las desigualdades, estando abierta a la incorporación de todas las personas y entidades que  compartan sus objetivos. 

Defendemos una fiscalidad justa, progresiva y redistributiva, acorde con los Objetivos de  Desarrollo Sostenible, principalmente el 10.4 (adopción de políticas para la reducción de la  desigualdad) y el 17.1 (alianzas para mejorar la capacidad de recaudar ingresos fiscales).  

La propia Constitución Española tiene como principio orientar la economía al Interés General y al  Bien Común a través de un proyecto económico y social capaz de redistribuir los ingresos y luchar  contra la desigualdad y la pobreza, así como financiar servicios públicos de calidad y demás gastos  sociales característicos y necesarios del Estado del Bienestar bajo los principios de eficiencia y  equidad, e imperativos del modelo de Estado Social que rige nuestro ordenamiento jurídico desde  el propio artículo 1 de la Constitución. 

La Plataforma Aragonesa por la Justicia Fiscal reclama a los poderes públicos el cumplimiento de  sus deberes constitucionales de: 

∙ Asegurar que “toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad (pública o privada) está  subordinada al interés general” (art. 128.1) y para ello debemos de contar con una  fiscalidad eficaz, justa y progresiva, basada en la capacidad económica de las personas y  en la equitativa distribución de la carga tributaria. 

∙ “Promover un orden económico y social justo” y “una distribución de la renta más  equitativa” (art. 40.1), que haga frente a la pobreza actual y creciente desigualdad. 

∙ “asegurar a todas las personas una digna calidad de vida” financiando y gestionando  debidamente los servicios públicos necesarios para el bienestar de la ciudadanía (art. 31). 

∙ Garantizar “el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y  capacidad” (art. 103.3); premisa que no es factible si no existe una previa y real igualdad  de oportunidades, sólo posible con una redistribución sustancial de la renta.

La Plataforma Aragonesa por una Fiscalidad Justa defiende los intereses de toda la ciudadanía con  el fin de concienciar a la opinión pública e incidir en las políticas públicas en todos los niveles,  locales, autonómicas, estatales e internacionales. Si bien, nuestro foco está en el marco territorial  de Aragón. 

La fiscalidad es una herramienta básica para lograr que quienes más tienen contribuyan más con  sus impuestos y, con ello, garantizar que se cubran los servicios básicos de calidad para toda la  ciudadanía, y en especial, las personas más vulnerables y las mujeres. Por tanto, creemos  firmemente que la justicia fiscal tiene un papel crucial en la reducción de las desigualdades  sociales originadas por el sistema económico vigente capitalista y en la consecución de una justicia social, económica, de género y medioambiental.