- 24.12.21
Hace años en la campaña de la renta, se hizo famoso el eslogan ‘Hacienda somos todos’. Pese a que es muy probable que mucha gente lo recuerde, lo cierto es que no toda la sociedad ha entendido la necesidad de pagar impuestos y lo importante que es que todos, la ciudadanía, pero también las empresas, cumplan con su deber de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado. Por ello, todavía es necesario llevar a cabo una tarea de educación financiera, que no debe referirse solo a escolares y estudiantes, sino a personas de todas las edades.
Mantener el bienestar social de la población, con unos servicios públicos de calidad, es una obligación de los Estados, en la que los ciudadanos deben contribuir responsablemente con parte de sus rentas, y las empresas con sus beneficios. De esta manera, el Estado podrá hacer frente a todos los servicios que nos ofrece: sanidad, colegios, bibliotecas, carreteras, bomberos, o atención social a los más desfavorecidos.
Esa contribución debe hacerse en la medida de las posibilidades de cada uno, por lo que deberá ser mayor en aquellos que más poseen y, por tanto, se encuentran en mejores condiciones de poder aportar dinero. Solo asegurando esta progresividad en la tributación el sistema fiscal será justo.
Por este mismo motivo, los impuestos más justos serán aquellos que gravan la riqueza de manera directa, es decir, los que se aplican directamente sobre esta, como el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, y haciendo que paguen más los que más tienen. Sin embargo, los impuestos indirectos, como el IVA (impuesto sobre el valor añadido), que gravan el producto o servicio que adquirimos, los pagan todas las personas, independientemente de su poder económico, incluso las personas con escasos recursos, pues va incluido en el precio.
No sólo las personas deben pagar, también las empresas tienen que contribuir a las finanzas públicas en base a sus ganancias. El fraude, de todo tipo, contra las haciendas públicas nos perjudica a todos, porque resta dinero a las medidas de acción social y a los servicios que deben garantizarse desde el Estado, e impide que pueda llevarse a cabo una redistribución de la riqueza .
En un momento en el que crecen las desigualdades, como estamos viendo en España, y en muchos países de nuestro entorno, es más importante que nunca hacer comprender a los ciudadanos la necesidad de la justicia fiscal. Más aún en el actual contexto de recesión, concentración de capitales y aumento de las necesidades sociales por la desigualdad y la crisis.
Para que estas ideas calen en la ciudadanía es necesario empezar a enseñarlas desde la escuela. Sin embargo, la justicia social, la responsabilidad tributaria y la necesidad de luchar contra el fraude y la impunidad apenas están presentes en el currículum formativo español.
La LOMLOE, la última ley de Educación, más conocida como Ley Celáa, ha introducido “el papel social de los impuestos y la justicia fiscal” dentro de la asignatura de Secundaria ‘Valores Cívicos y Éticos’, resolviendo la eliminación que la anterior Ley Wert había hecho de los contenidos sobre Hacienda Pública, que fueron suprimidos al desaparecer la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Hasta el momento, los esfuerzos por la educación financiera contaban con el Plan de Educación Financiera promovido por el Ministerio de Educación, el Banco de España y la CNMV-Comisión Nacional del Mercado de Valores, que lleva desarrollándose desde 2008, y que se lleva a cabo con la colaboración de entidades financieras.
En el Plan de Educación Financiera 2018-2020 ya se explicitaba que “las materias que tratan mayoritariamente las entidades son las relacionadas con el ahorro, los servicios y productos bancarios y la economía personal”. La fiscalidad se menciona de manera secundaria como otras de las “materias que suscitan interés”.
Tras la aprobación de la LOMLOE, el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han enviado al Ministerio de Educación y Formación Profesional su proyecto para ampliar los contenidos relacionados con competencias financieras en los alumnos de educación primaria y secundaria.
Pero el enfoque no cambia demasiado según se explica desde la propia web del Plan de Educación Financiera (https://www.finanzasparatodos.es/). El documento propone que los alumnos de educación primaria desarrollen competencias tales como ‘Comprender el papel que el dinero juega en nuestras vidas’ o ‘Gestionar adecuadamente el dinero’ y los alumnos de educación secundaria competencias como ‘Planificar y utilizar los ingresos y otros recursos a corto y largo plazo para mejorar el bienestar financiero’, ‘Gestionar los riesgos financieros” o “Conocer y comprender el entorno financiero’, entre otras.
En Aragón, el currículo educativo para Primaria y Secundaria da primacía a un enfoque de empresa y emprendimiento. En Secundaria, donde se hace alguna referencia a los impuestos en la materia de ‘Economía’, también tienen un enfoque empresarial, y aunque en la materia de ‘Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos’ al menos se hace referencia a “los deberes de la ciudadanía: normas, impuestos y participación”, si atendemos a los criterios de evaluación y competencias clave, parece que las cuestiones fiscales no son abordadas específicamente.
Siguiendo con la exploración, en la materia ‘Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial’ sí que aparece alguna referencia e incluso en la definición de contenidos se recoge la “función social de los impuestos”, pretendiendo que el alumnado los relacione “con el bienestar social”, si bien enseguida se vuelve a hablar de la planificación financiera personal y de los negocios. Finalmente, en la materia de ‘Valores éticos’ se aborda la importancia de que la ciudadanía cumpla con su deber de pago de los impuestos establecidos.
